Autora: Alejandra Cassino Marcel

Es probable que para la segunda semana de julio, Chile cuente con una Ley de Desprotección Animal. Hablamos de Desprotección pues en sólo un mes tanto el Senado como la Cámara de Diputados evacuaron un proyecto de ley (Boletín 6521-12) que en lo general es una declaración de buenas intenciones y en lo particular atenta contra la lógica jurídica y legislativa, convirtiendo a esta iniciativa en un ley inaplicable que genera contienda de competencias entre los jueces de Policía Local y los de Garantía; que resguarda al bien protegido (animales) con su muerte; que no posibilita la querella por parte de las agrupaciones; y que, en la práctica, castigará el maltrato con un quinto de UTM (beneficio pro reo).

Quiero creer y por eso, tal vez, pecar de ingenua, que los miembros del Congreso y los representantes del Ejecutivo fueron engañados; que les entregaron informes elaborados por pseudo especialistas o por profesionales sin experiencia práctica o que, simplemente, pensaron que en año electoral se vería bien cumplir metas de eficiencia, tramitando un proyecto que encierra un anhelo ciudadano estancado hace 14 años en el Congreso o que traería un nuevo tema a la agenda política y que generaría la aceptación de un sector de la ciudadanía absolutamente desencantado con la política. Tema aparte, el reconocimiento internacional y la inyección de recursos que podrían llegar de agencias extranjeras para desarrollar proyectos relacionados con los animales, borrando así los errores cometidos en Chaitén, cuando se prohibió la evacuación de animales.

Sin embargo, la ley aprobada el jueves pasado por la Cámara de Diputados deja en evidencia algo aún más grave. Esto es que la desidia, desinformación y rencillas políticas y mediáticas entre los honorables pesan más que un buen argumento a la hora de votar un proyecto o tratar un tema en comisión o comité. Se suma a esto que muchos de los diputados no sabían qué estaban votando y se basaron en el informe de la comisión técnica, el que por cierto recogía los mismos vicios que emanaron de la decisión de los senadores Horvath, Allamand y Longueira de fusionar los proyectos 1721-12 y 3327-12 (ley marco y ley de penalización respectivamente), creando la nueva moción el pasado 20 de mayo.

Al pasar a la Cámara, todos los diputados estaban de acuerdo en votar positivamente la moción, sin embargo al conversar con algunos de ellos y explicarles los errores jurídicos y problemas de aplicación práctica del proyecto, estos no entendían qué ocurría y mucho menos por qué debía votarse favorablemente, ni por qué el ministro Viera Gallo y el senador Horvath insistían en defender el acuerdo político que aseguraba la tramitación rápida del proyecto (suma urgencia).

La respuesta generalizada fue que era mejor tener esta Ley a no tener nada y que efectivamente demostraba un avance. En otras palabras, la política del mal menor. El quid en esto es que cuando los senadores y diputados votaron favorablemente (honrando el acuerdo político generado para su tramitación) decidieron, paradójicamente, aplicar la política del mal mayor y retroceder al menos 40 años en la legislación de estos temas y, lo que es peor, respaldar un engendro legislativo en el que ni siquiera queda claro el bien jurídico protegido (los animales supuestamente). Simplemente una chambonada legislativa.

Pero lo que sencillamente demostró el colmo del desinterés y la ignorancia de algunos honorables fueron las ponencias de los senadores y diputados. Mientras en el Senado algunos defendían la tésis de “es mejor algo que nada” –sin importar el tipo de algo-, otros, como Avila, señalaban que ya llegaría el momento de reconocer el sufrimiento de los animales. Asimismo en la Cámara mientras los diputados Roberto León, Julio Ditborn, Marcelo Díaz, Fulvio Rossi y Alejandra Sepúlveda junto a los restantes 23 que votaron en contra del proyecto, no daban crédito a la desinteligencia jurídica del proyecto y los alcances que este tendría, el diputado Lobos defendía la moción confundiendo el derecho a denuncia con el derecho a querella.

Pero más allá de la anécdota, del comentario de pasillo, del que algunos diputados que defienden el proyecto dicen haber tenido ingerencia directa en su redacción –lamentablemente-, de que los senadores aprueban con reparos la ley, que la forma en que se tramitó este proyecto así como la idea de que es mejor algo a nada son sostenibles, el proyecto aprobado NO DEFIENDE a los animales si no a las personas de estos.

Este resultado representa un revés no sólo para los proteccionistas, si no para nuestra sociedad. Además es un llamado de atención pues demuestra el escaso interés que este tipo de temas encuentra en la autoridades, pese a que está comprobado que el maltrato animal es el punto de partida para los abusos hacia menores, mujeres y ancianos.

Alejandra Cassino Marcel

Directora Ejecutiva

CEFU